Continúa el acoso recaudatorio de la certificadora pública catalana, que opera en régimen de monopolio de certificación público y único, a las empresas inscritas.




Durante el mes de diciembre, las empresas catalanas inscritas en el registro de operadores de producción agraria ecológica del CCPAE, Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica, han recibido tres documentos de liquidación: el documento reenviado nuevamente de liquidación de la tasa de certificación por producto amparado del año 2007,  el documento para la liquidación de la tasa de certificación por renovación de 2007 - ambos cumplimentados por parte del CCPAE tal como exige la ley tributaria-  También recibieron el escrito de información para la solicitud de renovación de la inscripción para el año 2008 juntamente con el formulario para la declaración de la actividad correspondiente al año 2007.

Todos los documentos enviados a los inscritos son consecuencia de las acciones emprendidas por APECPAE, la Asociación de productores, Elaboradores y Comercializadores de Productos Agroalimentarios Ecológicos de Cataluña, en respuesta al Escrito de Alegaciones y posterior Recurso de Alzada al Consejero (el cual todavía no ha sido respondido al cabo de 5 meses desde su recepción - ver noticia aquí-) y que en su día recibieron por parte de la Asociación APECPAE y de sus empresas asociadas.

En el documento de renovación del CCPAE que está firmado por Amaya Prat, Directora Técnica del CCPAE, se informa que: “…el mes de enero, recibirá un escrito informando de la aprobación en el parlamento y la publicación de las nuevas tasas de producto amparado y toda la información relacionada”.

El escrito es un requerimiento de pago antes del 31 de enero de 2008 que condiciona la renovación de inscripción de 2008 si no se efectúa junto con la declaración de actividades de 2007. Por este concepto se le obliga al inscrito al pago de 170,60 euros previamente si quiere renovar su inscripción como operador inscrito en el Registro del CCPAE. Por este concepto el CCPAE recaudará cerca de 200.000 euros sólo en concepto de tasas de inscripción que no han sido jamás justificadas mediante ningún “estudio económico” y a lo que deberían de estar obligados al ser una tasa pública.

Estas tasas no están justificadas, ya que carecen de estudios económicos que acrediten y justifiquen su aplicación. A este respecto cabe informar que las empresas que deben presentar su declaración anual de actividades antes del 31 de enero de 2008, y habida cuenta de que se trata de un importe reducido éstas  acostumbran a pagar la tasa, a pesar de su ilegalidad, por miedo a que no se agilice el expediente de renovación de cada empresa. En eso, cada empresa es libre de actuar de la forma en que considere más ajustada a sus necesidades.

En este sentido, desde la Asociación APECPAE se ha recalcado siempre que la batalla legal no está en si las tasas están aprobadas por el Parlamento o no, sino en el hecho de que es necesario justificar la aplicación de las tasas mediante estudios económicos que no existen y también romper con el monopolio del CCPAE y permitir la libre elección de certificadora, pública o privadas, por parte del empresario.

También cabe advertir que las futuras responsabilidades, ya sean políticas o de otra índole, recaerán en aquellas personas que han permitido estas irregularidades a sabiendas de las impugnaciones presentadas por la Asociación y los empresarios y que han permitido que la aprobación de las tasas por el Parlamento esquivara los diferentes filtros jurídicos de los dos departamentos implicados que son Agricultura y Economía y Finanzas que han participado en la tramitación y posterior presentación al Parlamento para su aprobación.