Durante esta semana se tramitan en el Parlament de Cataluña las enmiendas que, a petición de la Asociación APECPAE - Asociación de Productores, Elaboradores y Comercializadores de Productos Agroalimentarios Ecológicos de Cataluña-  ha presentado la oposición en el Parlament.

A iniciativa de CiU, como principal grupo de oposición, se han presentado unas enmiendas a los Presupuestos del DAR para el 2008 y al proyecto de ley de medidas fiscales y financieras que la Conselleria de Economía y Finanzas presentó para dar cobertura a las tasas que pretende cobrar el CCPAE durante el próximo 2008.

Todo parece legal pero no es más que el trámite necesario previo para una nueva tomadura de pelo por parte de la Junta Rectora del CCPAE y el DAR que, conscientemente, le meten un gol a la Conselleria de Economía y Finanzas que,  inexplicablemente,  se lo deja meter.   Y sino que se nos explique cómo pueden proponer unas tasas de esta índole los servicios jurídicos del DAR y los servicios jurídicos de Economía aceptarlas… ¿Con qué informes se avalan estas tasas?, ¿quién firma y es el responsable final de los estudios económicos?, ¿por quién o quienes vienen avalados estos estudios económicos?, ¿los mostraran a la oposición en el Parlament?...

Está claro que las tasas propuestas no respetan el principio de equivalencia y no representan de ninguna manera la contraprestación del servicio público. Éstas ya han sido puestas en duda este verano mediante informes jurídicos de toda solvencia que demuestran las tasas vulneran la ley y, en consecuencia, ya han sido impugnadas por los empresarios.

Entonces, ¿no ha sido advertida la Conselleria de Economía de esta impugnación?... El DAR tiene conocimiento de ello desde el 10 de agosto de 2007 ¿lo ha comunicado a Economía y Finanzas? No olvidemos que es una Conselleria que dentro de sus competencias abarca la defensa de la competitividad de la economía catalana, la de sus empresas autóctonas (y no otras) y la protección del consumidor en Cataluña.

APECPAE, y las pequeñas empresas elaboradoras y comercializadoras catalanas  de alimentos ecológicos certificados, como impulsoras de la iniciativa  ya han hecho lo que les tocaba:  han actuado con responsabilidad en defensa del progreso sector en todo momento. Han sacado a la luz la legislación catalana, española y comunitaria, la han puesto encima de la mesa, disponen de informes jurídicos que avalan su posición y han reclamado sus derechos. Derechos que afectan a las 400 pequeñas empresas elaboradoras y comercializadoras, a los puestos de trabajos que generan y a los 4000 puntos de venta de comercio minorista y canal especializado que existen en Cataluña.

Ya ha sido una victoria llevar el tema del monopolio de la certificación pública al Parlamento y para así haber podido destapar las irregularidades legales que se han dado en Cataluña y que son consentidas por el Gobierno: subvenciones y ayudas al CCPAE para sostener su viabilidad, sobre tasación ilegal, tramitación de escritos ilegales reclamando pagos, y hasta se ha puesto en entredicho y se ha demostrado que el CCPAE es un organismo ilegal y procede exigir la nulidad de su decreto de creación y funcionamiento por jerarquía normativa.

Hasta llegar al Parlamento ha habido reuniones y se han dirigido escritos, se ha denunciado la situación y solicitado soluciones. Se encargó un dictamen jurídico y en base a este se envió un escrito de alegaciones directamente a la certificadora pública y un recurso de alzada al mismísimo Conseller. El DAR no ha contestado demostrando públicamente su incompetencia por lo que a los tres meses se ha trasladado el asunto al Síndic de Greuges.

Toda esta situación deja definitivamente a un lado el manido debate sobre la certificación pública o privada o la libre elección por parte del empresario a poder optar entre los dos modelos. Mientras esto llegue, que mas pronto que tarde llegará, debemos señalar con el dedo el papel de una administración irresponsable y torpe con un Conseller al frente que con nocturnidad y alevosía quiere hacer comulgar al sector empresarial con ruedas de molino al presentar una ley de medidas fiscales y financieras que en su artículo 7 ampara la imposición de unas tasas que no reflejan el coste real de la contraprestación del servicio público y que de nuevo vulneran la legalidad puesto que se basan en coeficientes, tramos de facturación y cantidad de productos que discriminan a las empresas elaboradoras y comercializadoras a pagar.

Es una vergüenza que esto suceda y que el Conseller del Departament d'Alimentació i Acció Rural (DAR) no dé la cara. Estaría muy bien que la oposición le exigiera explicaciones en el Parlamento y que éste expusiera sus argumentos a la ciudadanía y al sector económico tras cuatro meses después de haber recibido un Recurso de Alzada.

En este sentido APECPAE exige a los partidos que forman parte del Gobierno que tomen parte. Este tema no rompe un gobierno tripartito, es de justicia pues se basa en informes jurídicos de toda solvencia, persigue la equidad para todos los operadores o al menos la libre elección a escoger entre certificación pública o privada en libre competencia. En suma, defender los intereses económicos de las empresas para hacer progresar el sector.

Esta situación sobrepasa al DAR, ya no es solo un tema agrario sino comercial y medio ambiental pues debemos al fin y al cabo impulsar este sector de la alimentación ecológica. Es hora de que los partidos que forman el Gobierno se hagan eco de las discriminaciones que sufren los empresarios en Cataluña y protejan sus intereses. Llevar el tema al Parlamento nos permitirá ver cual será el papel que tomarán tanto ICV y ERC. Dos partidos que tienen áreas de gobierno sumamente importantes para el sector como son Medio Ambiente e Innovación, Universidades y Empresa respectivamente y que participan en el futuro Plan de Acción de la Alimentación Ecológica.