Por Fèlix Martínez

En los últimos años el MARM ha ido “tirando” del vigente Plan de Actuaciones para la Agricultura Ecológica para el período 2007-2010, que recibió muchas críticas precisamente durante la celebración de la 1ª Conferencia Internacional de Agricultura Ecológica de 2007 y en la que se criticó la escasa dotación de los 35 millones de euros del Plan y en la que se incluia la Campaña Institucional “Agricultura Ecológica Vívela”, que pasó sin pena ni gloria por los medios de comunicación a pesar del coste disparado.

Para situarnos, y como habitualmente hace el MARM en sus presentaciones, hablamos de un sector con una superficie agraria de 1,3 millones de hectáreas, más de 20.000 productores y cerca de 2.600 empresas elaboradoras y que facturan en torno a los 600 millones de euros (según estimaciones de MARM de 2008).

Los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el 2010 han venido de nuevo dotados con un escaso apoyo a la Agricultura Ecológica de 300.000 euros en conjunto para las tres entidades interlocutoras reconocidas por el MARM, como lo fueron los de 2009. Como podrán deducir, la suerte asignada a la agricultura ecológica ha sido de nuevo totalmente diferente respecto a los demás subsectores y, como de costumbre y muy a nuestro pesar, continúa siendo la cenicienta del sector agrario español.

Podemos aplicar la máxima de “dime de cuánto dinero dispones y te diré cuánto me quieres”. Ante los 100.000 euros asignados a FEPECO debo manifestar ya que los encuentro ridículos y manifiestamente insuficientes. De nada sirven las quejas.

¡Cuánto dinero malgasta el MARM! Desde mi punto de vista creo que uno de los graves problemas que tienen las Administraciónes en nuestro país respecto al sector de la Alimentación Ecológica continúa siendo la falta de “feed-back” profesional y especializado. Urge dotar a las Asociaciones Empresariales interlocutoras en España de recursos para que se puedan profesionalizar. La óptima utilización y asignación de los recursos públicos depende enteramente de la información que reciban las diferentes administraciones para poder desarrollar políticas y decisiones finales efectivas. La época de disponer de asociaciones empresariales que trabajan a tiempo parcial y con empresarios dedicándoles horas libres debe terminar.

El Gobierno Central continúa teniendo una gran deuda histórica con el sector a cuenta de los falsos “bio” que tanto daño hicieron a las empresas del sector y a la propia difusión de los auténticos productos ecológicos y que provocaron en gran medida el atraso que lleva España respecto al resto de países europeos en cuanto a consumo. A su vez, el Gobierno es el responsable de poner en práctica políticas de actuación adecuadas y dotarlas de recursos suficientes para hacer aumentar el consumo y potenciar el desarrollo de un mercado interior que actualmente es irrisorio por el tamaño de país respecto a los países de nuestro entorno todavía en el año 2009.

Deberemos estar ojo avizor a cómo nos defiende nuestro Gobierno de la próxima amenaza que representarán las nuevas etiquetas ecológicas y la confusión que puede generar en una sociedad en la que el grado de conocimiento de la certificación ecológica sigue siendo inferior al promedio europeo por culpa del Gobierno.

Vuelve a suspender manifiestamente el Gobierno en la Promoción y en la divulgación de la alimentación ecológica en España, y suspende en no recabar la información necesaria de los expertos y en no tomar la temperatura del sector. Suspende también en no ser capaz de dotar de partidas presupuestarias suficientemente representativas para llevar a cabo este cometido.

Por contra, el Gobierno nos presenta su huida hacia adelante en forma de la nueva Ley de Economía Sostenible, en la que, en el conjunto de planes de modernización sectorial (entre las que se incluirá un Plan de Competitividad Industrial 2020), cuelgan dos iniciativas para impulsar la actividad del sector agroalimentario: la Ley de Calidad Agroalimentaria y el Programa de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 2010-2014.

¿Quién va a discutir con el MARM las dotaciones presupuestarias adecuadas y las políticas que se deben llevar a cabo para hacer avanzar el sector? Las empresas deben ser conscientes de que si no existe un asociacionismo fuerte y estructurado en torno a organizaciones profesionales no habrá manera de ejercer una presión en forma de lobby en las diferentes administraciones. Dependeremos del libre albedrío del funcionario o burócrata del momento. Es lo que ha estado pasando en los últimos años y continúa sucediendo. Nuestro sector sigue tutelado y planificándose desde la Administración.