Greenpeace prepara una comitiva informativa de agricultores ecológicos españoles a Bruselas y Luxemburgo para demostrar que en España “la coexistencia de cultivos no funciona”

Redacción-. La Comisión Europea y los Estados de la Unión Europea (UE) se han enfrentado de nuevo debido a la publicación del dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA en sus siglas inglesas) sobre la nueva autorización del maíz modificado genéticamente MON 810 de Monsanto.

Científicos independientes han protestado por los graves defectos del informe de solicitud presentado por Monsanto y sobre la calidad del trabajo de la EFSA. En un movimiento sin precedentes, 18 ministros de 12 países de la UE enviaron una carta a la EFSA en la que exponían sus preocupaciones científicas sobre los efectos del maíz MON 810 en determinadas especies de insectos. Incomprensiblemente, la opinión publicada por la EFSA muestra que estas evidencias no se han tenido en cuenta.

En diciembre de 2008, los ministros de medio ambiente de la UE por unanimidad pidieron una revisión del proceso de autorización de los cultivos transgénicos y una mejora sustancial en la manera en que la EFSA evalúa los impactos de estos cultivos en el medio ambiente y en la salud. Lo sorprendente es que la propia EFSA reconoce que actualmente no está en una posición de evaluar los efectos a largo plazo de los cultivos MG, como requiere la legislación europea. La Comisión ha dado un plazo a la EFSA hasta abril del 2010 para que mejore su capacidad para evaluar los impactos a largo plazo.


La EFSA, en entredicho
El responsable del departamento de la Campaña contra los Transgénicos de Greenpeace, Juan Felipe Carrasco, ha puesto en entredicho la autoridad de la EFSA en declaraciones exclusivas a Ecoalimenta.com: “Nos parece una aberración política que la Comisión Europea acepte el dictamen de la Agencia. Existen muchos estudios que demuestran los daños de este maíz: Alemania y otros países ya lo han prohibido por esos daños. Once estados han puesto en entredicho el proceso de aprobación del dictamen. De hecho, la propia Agencia ha declarado que no tiene las herramientas de valoración de los daños indirectos que el 810 puede causar. ¿Cómo puede aprobar el maíz, entonces, si no puede evaluar los daños que produce?”.

En cuanto a la labor política, Carrasco califica de “ vergüenza política” que España permita no el cultivo. “Además –prosigue Carrasco- los partes positivos que España ha dado a la Comisión Europea en cuanto a los transgénicos en España han motivado, en buena parte, la aprobación del MON 810”.

“No descartamos movilizaciones y acciones llamativas en protesta por los transgénicos. Pero lo importante es la acción política. A finales de octubre, por ejemplo, tenemos pensado hacer una comitiva de agricultores ecológicos españoles a Bruselas Y Luxemburgo para explicar, en ruedas de prensa y conferencias, que en España la coexistencia entre cultivos transgénicos y tradicionales o ecológicos no funciona”, ha adelantado Carrasco, haciendo referencia a los múltiples casos de contaminación de cultivos tradicionales por la proximidad de transgénicos.

El caso catalán
En referencia al rechazo por parte del PSC, CiU y PP de la Iniciativa Legislativa Popular en contra de los transgénicos en el Parlamento catalán, Carrasco la considera “una agresión sin precedentes a la salud pública y la democracia. Es un ataque a la democracia que no se permita debatir ni presentar pruebas en contra de los transgénicos. Es una oportunidad que ha perdido el gobierno catalán para debatir. Confirma el poder de las grandes multinacionales sobre la política. El Gobierno catalán ha relegado a Catalunya como una gran zona de transgénicos en Europa, junto con Aragón”.