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Alimentación y producción ecológica
Productores ecológicos catalanes denuncian que certificar en Cataluña puede llegar a ser 7 veces más caro que en otras comunidades
Empresarios del sector se quejan de las altas tasas que la certificadora pública catalana (CCPAE) les impone

C. Chacón-. Los productores ecológicos tienen las cosas difíciles en Cataluña. Las condiciones para certificar ecológicamente sus productos y empresas son muy duras, según han explicado a Ecoalimenta.com empresarios del sector. En algunos casos, el coste de esta certificación, mediante el Consejo Catalán de Producción Agraria Ecológica (CCPAE), puede llegar a ser siete veces más caro que en otras comunidades españolas y países europeos, donde los operadores disponen de empresas certificadoras privadas, además de públicas. En Cataluña, la única salida para conseguir el certificado ecológico es el CCPAE, que según los productores consultados constituye “un monopolio público”.

“Lo más grave de nuestra situación es que nos resta mucha competitividad frente a otros operadores de otros países europeos y de otras comunidades españolas, como Andalucía, Aragón o Valencia, donde puedes escoger qué empresa te certifica, ya sea pública o privada”, explica el director de una empresa que trabaja con productos ecológicos en Cataluña. “Se trata, al fin y al cabo, de un atentado contra la libertad de mercado, porque tenemos que pagar un canon obligatorio impuesto por el CCPAE que encarece mucho el producto final”, según el testimonio de este empresario, que ha querido que su nombre y empresa queden en el anonimato. En su negocio, ha llegado a pagar 30.000 euros al año en concepto de tasas a través del CCPAE frente a los 4.500 en una empresa privada de certificación ecológica. Y por el mismo volumen de negocio.

Otro de los empresarios entrevistados, también en el anonimato, explica, a su parecer, otro de los problemas que los operadores ecológicos se encuentran a la hora de certificar sus productos a través del CCPAE: Si bien la normativa europea en certificación ecológica es idéntica para todos los países miembros, cada país y, en concreto, cada empresa certificadora puede “adaptar” esa normativa bajo su consideración y en base a normativas locales. “Mientras las empresas certificadoras privadas de Andalucía o Aragón siguen la normativa europea, el CCPAE exige controles más rigurosos y amplios, más difíciles de seguir, con más papeleo y que al final resultan más caros”, explica.

En cuanto a costes, este mismo productor se queja del “castigo” que sufren los operadores ecológicos en Cataluña mediante las tasas: “Si estás en otra comunidad o en otro país de Europa, puedes elegir. Ese es el principal tema. Nosotros no tenemos libertad, y no somos competitivos porque los precios de las tasas están cerrados y gravan tu producción. Cuanto más trabajas, más pagas y más te castigan”, se lamenta. Según su propia experiencia, la diferencia entre la certificación privada y la del CCPAE supera el 30%. La mayoría de productores ecológicos consultados por Ecoalimenta.com coinciden en lamentarse de la situación actual, porque las tasas penalizan una actividad de futuro que se debería fomentar y apoyar, ante todo, fiscalmente.

El CCPAE y el Comité de Agricultura Ecológica de Madrid son los más caros de España, con tasas de inscripción de hasta más de un 50% más caras que la media del resto de consejos reguladores del Estado.

Más allá del excesivo precio de las tasas, la certificación del CCPAE puede resultar un problema para aquellos operadores que se dediquen a la importación y exportación de productos ecológicos. Cuando se cruza la frontera, se pueden tener muchos problemas. “Evidentemente, la certificación del CCPAE es reconocida en toda Europa, porque es un organismo oficial. Pero en la mayoría de países no se conoce al CCPAE, lo que genera desconfianza”, explica un tercer empresario catalán de productos ecológicos. Es por ello que muchos productores se desplazan hacia otras comunidades en busca de una certificación privada que aúne precios razonables, buenas condiciones y prestigio reconocido en toda Europa. Algunas de las certificadoras privadas presentes en España son ECO CERT o BCS-Oeko, entre muchas otras.

Desde la Asociación de Productores, Elaboradores y Comercializadores Productos Agroalimentarios Ecológicos (APECPAE) insisten en que “en un entorno de crisis económica como el actual es injusto el concurso de una empresa pública que, en régimen de monopolio, absorbe y desperdicia recursos públicos que se le han negado al sector desde hace muchos años”, tal y como explica el presidente de la asociación, Fèlix Martínez. “Estos recursos podrían destinarse a políticas de promoción y de fomento del consumo interno de los productos ecológicos”, uno de las asignaturas pendientes de la producción ecológica. “Desde la APECPAE hemos defendido siempre la libre elección, por parte de los empresarios catalanes, a escoger empresa certificadora, como en otros lugares del España. Pero se nos ha negado ese derecho democrático”, prosigue Martínez. “La excusa de que lo público es más transparente es una falsedad que intenta esconder que el 70% de los productos ecológicos que podemos encontrar en las tiendas están producidos fuera de Cataluña y con certificación de empresas privadas españolas y extranjeras”.

Abuso de autoridad

Todos los empresarios entrevistados para la elaboración del reportaje han solicitado permanecer en el anonimato, alegando constantes presiones por parte del ente público catalán. El comentario más frecuente entre los productores consultados ha sido: “no queremos más problemas”.

Y es que, en algunos casos, las prácticas desarrolladas por el CCPAE rozan, según los testimonios conseguidos, la “intimidación” y el “abuso de autoridad”. Entre los diversos casos que Ecoalimenta.com ha podido recoger, destacan los intentos de retirada de licencia desde el gobierno central bajo la petición del CCPAE; la presión sistemática de inspectores del CCPAE (algunos de los testimonios han sufrido más de 6 inspecciones en medio año, cuando lo normal es una inspección anual) o la realización de actas bajo falsos hechos que no se han probado. Y todo por no certificar con el CCPAE sino con una empresa certificadora en otra comunidad, bajo una delegación de la propia compañía catalana.

Finalmente, para muchos productores ecológicos catalanes la solución consiste en pagar más mediante la doble certificación: por un lado, la certificación del CCPAE, y, por otro, la de alguna empresa privada que facilite las actividades comerciales en el exterior.
Comentarios (4 en total)
David
08/07/2009
monopolio público o poder eligir su empresa certificadora, pienso que no es el fondo del problema. Lo más importante es que todos aplican la normativa europea y utilizan el logo europeo para que los consumidores se enteran. Pero es tan curioso que un organismo público penaliza un actividad ecológico con una tasa en lugar de ayudarle. Los políticos catalanes ya no han comprendido el sendido de que como la tasación ecológica funciona. Soy un productor francés y paga 400 euros para certificar mis quesos de cabra que coresponden al coste real. Y recibo 400 euros de ayuda del consejo regional. No hay ninguna tasa! Hace falta que informar los cuidadanos para que los políticos moverse. Bravo pour votre site Web! C'est trés bien!
juan alabart espuny
09/05/2009
Parece mentira, todo es democracia menos el impuesto revolucionario del CCPAE, quieren seer unicos, si tuviesen que compet¡ir en el libre mercado, no duran ni 15 dias. VIVA LA IMPOSICION FORZOSA. LA GENERALITAT TIENE QUE RECAUDAR COMO SEA, no les importa nada, unicamente recaudar.
Emma
12/05/2009
Es una verguenza que una entidad publica cobre unas tasas tan altas y haga generar una cantidad de papeleo y burocracia a empresas pequeñas... No se dan cuenta que se estan cargando a la gente que tiene ganas de trabajar??? No se supone que es una entidad que tiene que ayudar e impulsar a empresas eco????
jaime pla
25/05/2009
Esto es la democracia que tenemos en Cataluña, a ver si la gente se va enterando que el PSC nos tiene atados a nivel público todo lo que ellos quieren. Que les pregunten a los enfermos de SFC donde están sus unidades. Entre otras cosas.
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